El Ministerio de Agricultura (Minag) indica que el 60% del maíz amarillo (para consumo de aves y porcinos), el 98% de soya y el 95% de aceites vegetales que se consume en nuestro país son productos genéticamente modificados, y que el Perú conjuntamente con Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, China, Alemania España, Australia y Bolivia utilizan productos transgénicos. Asimismo, el Minag asegura que cuenta con la capacidad técnica para que los transgénicos pasen por una investigación rigurosa, por planes pilotos antes de liberarse en el campo y monitoreo para la detección del ingreso de estos cultivos.
Por otro lado, el Ministerio de Ambiente y el director ejecutivo de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), afirman que el INIA (órgano sectorial del Minag) carece de las capacidades para un eficiente monitoreo y fiscalización de los cultivos transgénicos que eviten un impacto en nuestra rica biodiversidad. Igualmente, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios menciona que no hay suficiente información sobre la distribución geográfica donde se ubican los cultivos nativos o ecológicos en el Perú. A su vez, la Asociación de Comunidades del Parque de la Papa del Cusco y la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), se muestran a favor de la moratoria del decreto supremo por un tiempo de 15 años.
No es casualidad que el ministro de Agricultura sea un empresario avicultor, presidente y fundador de la empresa agroindustrial Talsa y a la vez promueva el ingreso de transgénicos al Perú. En ese sentido, se genera una serie de cuestionamientos por la existencia de una “dicotomía entre la representación pública y los intereses empresariales”. Tantos cuestionamientos ha habido en esa gestión pública que el 13 de mayo de 2011 renuncia al cargo de ministro el titular del Minag.
Como resumen se tiene: un decreto supremo sobre el ingreso de semillas transgénicas que ha sido suscrito por un personaje público, de quien se tiene dudas sobre su desempeño como alto funcionario público y que al parecer responde solo a sus propios intereses económicos y quien días mas tarde renuncia a su cargo, pero lo lamentable, es que el referido decreto aún queda vigente. Me pregunto si los cargos públicos sirven para hacer realidad sus necesidades económicas personales. ¿Dónde queda el bienestar de la población nacional? ¿Acaso por no tener formación en biología, agricultura o genética somos incapaces de conocer y de tener criterio sobre el posible daño que puede causar el cultivo de nuestros productos ancestrales con semillas transgénicas? ¿El ex ministro hizo lo correcto porque él sabe de agricultura? ¿Por qué el ex ministro confía ciegamente en las investigaciones de otros países? ¿Su renuncia compensa la moratoria solicitada? La que suscribe esta nota es técnica en electrónica industrial, sé alimentarme bien y sanamente, lo aprendí de mi abuelita Julia Vargas de 83 años de edad, nacida en la provincia de Yungay, del departamento de Ancash, quien no es bióloga ni científica, pero más que preocuparse por ella misma se preocupa por el bienestar de la familia.
Amigas y amigos, la decisión es de nosotros. El país vive un momento en que la exportación de nuestros productos tradicionales y no tradicionales está en pleno auge. Se recomienda apostar por las diferentes agriculturas como arte de labrar la tierra sin semillas transgénicas. Yo apuesto por la agricultura orgánica. Podemos hacer de nuestros recursos muchos productos con alto valor agregado, marcar una diferenciación en calidad y ser reconocidos como un país competitivo en el sector agrícola.
